Ciudad de México, 11 nov (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este miércoles que su Gobierno tenía conocimiento de una orden de captura emitida por Estados Unidos contra el juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia por presuntamente recibir un soborno de dos millones de dólares para favorecer a un narcotraficante vinculado con el Cartel de Sinaloa.
"Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, al ser cuestionada sobre si las autoridades mexicanas tenían conocimiento de la investigación.
Sheinbaum señaló que Benítez Alcántara había salido de México antes de ser detenido en Colombia y remitió al gabinete de seguridad y al Poder Judicial para proporcionar mayores detalles sobre el caso.
"Él se fue fuera de México y fue detenido en Colombia, creo. Y pues ya que el gabinete de seguridad dé más información, o el propio Poder Judicial sobre este juez", expresó.
El juez federal, de 49 años, fue arrestado en el país suramericano a comienzos de noviembre, en una operación coordinada con las autoridades estadounidenses, que buscan su extradición para juzgarlo por nueve cargos relacionados con su presunta colaboración con una organización internacional de narcotráfico.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Benítez Alcántara habría recibido dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación del canadiense Andrew Clark, considerado el segundo al mando de la organización criminal encabezada por el exdeportista olímpico Ryan Wedding.
La acusación sostiene que el juez aprovechó su cargo en Ciudad de México, donde tenía a su cargo procedimientos de extradición, para favorecer al presunto narcotraficante, cuya liberación ordenó el 24 de febrero de 2025.
Clark fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y delitos violentos.
El caso también ha abierto investigaciones en México.
El Tribunal de Disciplina Judicial informó que el juzgador ya acumulaba cuatro procedimientos administrativos por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y anunció una nueva investigación tras su detención.
La defensa de Benítez Alcántara ha negado las acusaciones de soborno y busca evitar su extradición a Estados Unidos, al sostener que cualquier responsabilidad por sus resoluciones judiciales debe determinarse ante las autoridades mexicanas.
El caso se produce en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos contra las organizaciones criminales transnacionales, particularmente las vinculadas al tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.