REFORMA CONSTITUCIONAL: LA JUSTICIA FRENA LA ELECCIÓN Y EL CALENDARIO EMPIEZA A JUGAR EN CONTRA
La Cámara de Apelaciones volvió a ponerle un freno al proceso constituyente en Tierra del Fuego. Mientras los expedientes siguen cruzándose entre tribunales, el reloj corre y los 60 días de anticipación que exige la Constitución empiezan a dejar cada vez menos margen para votar en 2026.
Hace 1 mes PROVINCIALES 
La reforma constitucional fueguina entró nuevamente en terreno de incertidumbre. La Cámara de Apelaciones decidió suspender el dictado de la sentencia que debía resolver la apelación contra la nulidad de la convocatoria a convencionales constituyentes y pidió información sobre otras causas que podrían tener incidencia directa en el proceso.
El tribunal solicitó conocer el estado del recurso de queja presentado ante la Corte Suprema por el legislador Jorge Lechman y también requirió información al Superior Tribunal de Justicia sobre la causa iniciada por el Poder Ejecutivo contra la Ley Provincial 1626.
Y acá aparece el dato que puede terminar siendo determinante: el calendario no espera a ningún tribunal.
La Constitución provincial establece un mínimo de 60 días corridos entre la convocatoria y una elección extraordinaria. Con octubre ya iniciado, cada día que pasa achica el margen disponible para que una eventual elección pueda realizarse antes de que termine 2026.
UNA REFORMA ATRAPADA ENTRE TRIBUNALES Y DECISIONES POLÍTICASEl escenario es todavía más complejo porque la elección originalmente prevista para el 9 de agosto nunca se realizó. El Decreto 751/26 que había establecido aquella convocatoria fue declarado nulo en primera instancia y esa decisión continúa bajo revisión.
Pero mientras esa causa avanzaba, apareció otro capítulo institucional.
La Legislatura sancionó la Ley Provincial 1626, que abrogó la Ley 1529, norma que había declarado la necesidad de reformar parcialmente la Constitución provincial. El texto de la Ley 1626 figura actualmente en el buscador legislativo oficial.
El Poder Ejecutivo, por su parte, cuestionó judicialmente esa derogación ante el Superior Tribunal de Justicia. Precisamente esa causa es una de las que la Cámara quiere conocer antes de avanzar con su decisión.
EL PROBLEMA YA NO ES SOLAMENTE JURÍDICO: ES EL RELOJLa discusión empieza a tener una dimensión que excede los escritos judiciales.
Aunque la Cámara eventualmente resolviera la apelación, una sentencia favorable no significaría automáticamente que los fueguinos tengan una nueva fecha para votar.
La elección del 9 de agosto ya pasó.
No hay actualmente un cronograma electoral vigente para esa elección y, además, quedó en discusión la propia norma que había declarado la necesidad de la reforma.
Por eso, el interrogante que comienza a instalarse es inevitable:
¿Hay tiempo real para elegir convencionales constituyentes durante 2026?
La respuesta dependerá de las decisiones judiciales y del instrumento jurídico que eventualmente permita una nueva convocatoria. Pero el margen temporal se reduce día tras día.
UNA CARRERA CONTRA EL CALENDARIOUna eventual convocatoria debe respetar el piso constitucional de 60 días. Eso significa que mientras la Justicia analiza expedientes, pedidos de informes, recursos y causas conexas, el calendario electoral continúa avanzando.
Y una elección de convencionales no se organiza de un día para otro.
Hay que contemplar padrones, alianzas, candidaturas, oficialización de listas, boletas, autoridades de mesa, logística electoral y los posibles planteos judiciales que puedan aparecer durante el proceso.
Por eso, el tiempo judicial y el tiempo electoral están corriendo por caminos diferentes.
La Cámara busca evitar decisiones contradictorias entre distintos tribunales. Pero esa espera tiene una consecuencia concreta: reduce el margen temporal disponible para organizar una elección durante este año.
LA PREGUNTA QUE QUEDA SOBRE LA MESALa reforma constitucional que durante meses ocupó el centro de la agenda política fueguina ahora enfrenta una combinación de factores que la mantienen en suspenso: una convocatoria anulada, una nueva ley que derogó la norma que habilitaba la reforma y distintas causas judiciales todavía abiertas.
La Justicia no cerró definitivamente la puerta a una elección constituyente.
Pero tampoco existe hoy una fecha electoral vigente.
Y mientras los expedientes pasan de un tribunal a otro, el calendario sigue avanzando sin pedir permiso.
El dato más concreto es que, para votar antes de que termine 2026, cualquier nueva convocatoria deberá superar primero el obstáculo de los 60 días y, además, resolver el complejo entramado jurídico que quedó después de la nulidad de la convocatoria original y de la sanción de la Ley 1626.
La reforma constitucional quedó, por ahora, atrapada entre expedientes, decisiones institucionales y un reloj que cada vez deja menos margen.
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