La reforma de la Ley de Salud Mental volvió a instalarse en el centro del debate político nacional. Durante la sesión del Senado, la legisladora fueguina María Belén Monte de Oca expresó su respaldo a los cambios propuestos y reclamó que las instituciones puedan dar respuestas más rápidas y efectivas a las personas que atraviesan situaciones de crisis y a sus familias.
La senadora de La Libertad Avanza puso especial énfasis en las dificultades que enfrentan madres, padres y familiares cuando buscan asistencia para seres queridos con padecimientos de salud mental o problemas de consumo.
Durante su intervención, cuestionó las demoras y los obstáculos administrativos que, según sostuvo, dificultan el acceso a una atención adecuada.
"Durante años, la respuesta del sistema siempre fue la misma: la burocracia del desamparo", manifestó Monte de Oca.
La legisladora describió situaciones de familias que deben recorrer hospitales y guardias médicas buscando ayuda para sus hijos, incluso en medio de crisis psicóticas o cuadros de abstinencia.
En ese sentido, remarcó la necesidad de que los equipos profesionales cuenten con herramientas para intervenir oportunamente y evitar que las situaciones se agraven.
"No tenemos que seguir llegando tarde. Nuestras familias y nuestros amigos merecen que lleguemos a tiempo", expresó.
Monte de Oca también cuestionó aspectos de la legislación vigente y sostuvo que, desde su perspectiva, algunas disposiciones dificultaron la intervención de los profesionales de la salud.
La reforma plantea fortalecer las herramientas de prevención e intervención clínica. Sin embargo, el debate legislativo también involucra cuestiones centrales como la autonomía de los pacientes, sus derechos y las garantías que deben protegerlos.
La iniciativa consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos en el Senado, por lo que obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados.
La propuesta todavía no es ley y deberá completar el tratamiento parlamentario correspondiente.
En el cierre de su exposición, Monte de Oca reclamó una mayor coordinación entre Nación, provincias y municipios, al considerar que la atención de la salud mental requiere un trabajo conjunto de todas las instituciones.
La discusión deja sobre la mesa una cuestión fundamental: las familias necesitan acompañamiento, profesionales con recursos y un sistema capaz de actuar a tiempo cuando una persona atraviesa una situación de emergencia.
