JUEZA FUEGUINA ORDENÓ FRENAR EL PROYECTO SEA LION EN LAS ISLAS MALVINAS
La Justicia Federal de Río Grande dispuso una medida cautelar contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum and Production Limited. La resolución alcanza las obras vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, incluidas perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la extracción comercial.
Hace 1 mes PROVINCIALES 
La Justicia Federal de Río Grande ordenó a dos empresas internacionales vinculadas al desarrollo petrolero Sea Lion que se abstengan de iniciar o continuar obras relacionadas con el emprendimiento ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La medida fue dictada por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, a partir de una presentación realizada por un excombatiente de la Guerra de Malvinas.
La resolución alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited y contempla las actividades relacionadas con perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la explotación comercial de hidrocarburos.
UNA MEDIDA CAUTELAR Y NO UNA SENTENCIA DEFINITIVALa magistrada hizo lugar al planteo cautelar y ordenó una serie de medidas destinadas a conocer en profundidad la estructura empresarial, financiera y ambiental relacionada con el proyecto.
El propio fallo aclara que se trata de una medida de carácter cautelar, por lo que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las empresas ni sobre el fondo de la cuestión judicial.
Entre los pedidos formulados aparecen restricciones sobre determinadas operaciones financieras destinadas a facilitar el desarrollo del proyecto, además de requerimientos de información a las compañías involucradas.
QUÉ DEBERÁN INFORMAR LAS EMPRESASLa Justicia exigió información sobre distintos aspectos vinculados con Sea Lion, entre ellos:
- La estructura societaria utilizada para llevar adelante el proyecto.
- Las entidades financieras y fondos vinculados con su financiamiento.
- Los desembolsos realizados, comprometidos o pendientes.
- Las aseguradoras y reaseguradoras relacionadas con el emprendimiento.
- Los estudios ambientales y análisis de riesgo.
- Las modelizaciones ante eventuales derrames y los planes de contingencia.
- Las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas.
- Las ampliaciones previstas y la eventual incorporación de nuevos pozos.
Además, el planteo judicial incluye pedidos para impedir nuevos contratos de financiación, desembolsos, transferencias, aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas y constitución de garantías destinadas al proyecto.
EL PEDIDO A CANCILLERÍAOtro de los puntos centrales de la resolución está relacionado con la Cancillería argentina.
La jueza Borruto solicitó que, dentro de un plazo de diez días, se informe si las empresas involucradas cuentan o contaron con algún tipo de habilitación, permiso, autorización o consentimiento otorgado por autoridades argentinas para desarrollar actividades de exploración, explotación u otras actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina.
TAMBIÉN SE INVESTIGA EL IMPACTO AMBIENTALLa resolución también requirió información a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.
El objetivo es determinar si existen registros de presentaciones, avisos o procedimientos de evaluación de impacto ambiental relacionados con Sea Lion y sus eventuales ampliaciones.
También deberá informarse si se emitió alguna declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental u otro acto administrativo equivalente.
En caso de no existir actualmente ese procedimiento, el organismo deberá comunicar al juzgado si posteriormente se inicia alguna instancia de evaluación.
UNA DISPUTA QUE VUELVE A PONER EL FOCO EN MALVINASLa decisión de la Justicia Federal de Río Grande vuelve a colocar en el centro de la escena la explotación de recursos hidrocarburíferos en el área de las Islas Malvinas y los reclamos argentinos sobre el territorio y los espacios marítimos circundantes.
La medida ahora abre una nueva instancia judicial en la que deberán analizarse la documentación societaria, financiera y ambiental del proyecto, mientras los organismos nacionales deberán aportar información requerida por el juzgado.
La resolución es cautelar: el proceso judicial continúa y todavía no existe una decisión definitiva sobre el fondo de la cuestión.
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