A partir de este sábado 5 de septiembre comienza a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que modifica el esquema vigente y establece que los adolescentes de 14 y 15 años pueden quedar alcanzados por responsabilidad penal cuando sean imputados por delitos.
La modificación representa un cambio significativo en el sistema argentino, ya que hasta ahora los menores de 16 años se encontraban fuera del régimen penal de adultos.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser sometidos a un proceso dentro del régimen penal juvenil cuando exista una imputación por un delito alcanzado por la ley.
Esto no significa que todo menor de 14 o 15 años que cometa un delito vaya automáticamente a prisión. El nuevo sistema contempla un régimen específico para adolescentes, con medidas y sanciones diferenciadas y condiciones particulares para la privación de la libertad.
Los jóvenes de 16 y 17 años también continúan comprendidos dentro del régimen penal juvenil.
En cambio, quienes tengan menos de 14 años quedan fuera del régimen de responsabilidad penal establecido por esta ley.
La entrada en vigencia del nuevo régimen vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles de la Argentina: qué hacer frente a los delitos cometidos por adolescentes y cuál debe ser la respuesta del Estado.
La discusión no pasa solamente por la edad. También aparecen cuestiones vinculadas con la prevención del delito, la responsabilidad de los menores, el rol de las familias, la educación, las adicciones, la situación social y la necesidad de contar con instituciones especializadas para atender a adolescentes en conflicto con la ley.
El nuevo régimen busca establecer una respuesta penal específica para los jóvenes, diferenciada de la Justicia Penal ordinaria.
Desde este sábado, Argentina comienza una nueva etapa en materia de responsabilidad penal juvenil.
14 años pasa a ser la edad clave del nuevo régimen.
La medida seguramente generará nuevas discusiones políticas, judiciales y sociales en todo el país, y también plantea interrogantes sobre cómo será aplicada en cada provincia.
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