La discusión por las cuentas públicas de Río Grande tiene dos caras.
Por un lado, la gestión de Martín Pérez reclama al Gobierno provincial una deuda de coparticipación que, según el Municipio, supera los $17.000 millones.
Pero del otro lado también existen obligaciones millonarias de la Municipalidad que fueron reconocidas y llevadas a planes de regularización.
Y ahí aparece una pregunta que ya no puede seguir esquivándose:
Uno de los casos más importantes es el de la Obra Social del Estado Fueguino.
Durante 2026 se avanzó en un convenio para regularizar obligaciones municipales con OSEF por más de $3.561 millones, con un esquema de pago en 36 cuotas.
La cifra no es menor y pone sobre la mesa una discusión que va más allá de la pelea política.
Porque si una deuda termina transformándose en un convenio de pago, la pregunta inevitable es:
Desde el Municipio también sostienen que existe una deuda de OSEF vinculada a prestaciones médicas realizadas por el sistema municipal de salud.
Es decir, hay reclamos cruzados.
Pero una cosa no invalida la otra.
Las cuentas tienen que ser claras.
El segundo capítulo aparece con la Caja de Previsión Social.
El Municipio acordó un esquema de regularización mediante 36 cuotas de aproximadamente $169 millones cada una.
Solo considerando esas cuotas, el capital involucrado ronda los $6.090 millones, sin contar los intereses correspondientes.
Y nuevamente aparece la pregunta:
Porque un convenio no elimina la obligación.
La transforma en compromisos que deberán cumplirse durante los próximos años.
Si se toman ambos casos documentados, OSEF y Caja de Previsión, estamos hablando de más de $9.600 millones involucrados en esquemas de regularización.
Y eso corresponde solamente a esos dos organismos.
Todavía queda conocer con precisión cuánto existe en obligaciones pendientes con:
proveedores, empresas, contratistas, cooperativas, prestadores y otros acreedores.
Ahí está uno de los grandes interrogantes.
La administración municipal sostiene que no existe una deuda corriente generalizada con proveedores.
Perfecto.
Entonces hay una solución sencilla:
Empresa por empresa.
Contrato por contrato.
Factura por factura.
Orden de pago por orden de pago.
Porque si las cuentas están en orden, mostrar la información debería ser la mejor manera de terminar con cualquier sospecha.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero está comprometido y cuánto queda pendiente de pago.
También quedó bajo discusión pública una transferencia de aproximadamente $330 millones vinculada a Mirgor.
La empresa explicó posteriormente que se trató de un error en una transferencia y que el dinero fue reintegrado al Municipio.
No corresponde transformar ese episodio en una acusación sin pruebas.
Pero tampoco se puede considerar un hecho menor.
Cuando hablamos de fondos públicos, corresponde saber:
¿Quién recibió la transferencia?
¿Cómo fue registrada?
¿Qué controles funcionaron?
¿Cuánto tiempo permanecieron esos fondos en las cuentas municipales?
¿Cómo se instrumentó la devolución?
Son preguntas legítimas cuando se trata de cientos de millones de pesos.
La discusión no debería convertirse en una pelea de buenos contra malos.
Si Provincia le debe dinero al Municipio, Provincia debe pagarlo y explicar las demoras.
Pero si el Municipio tiene obligaciones millonarias, también debe explicarlas.
Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Y los vecinos no deberían quedar atrapados en una guerra política mientras las cifras aparecen fragmentadas.
Después de años de administración municipal, presupuestos millonarios, obras, contratos y servicios, la pregunta es concreta:
¿Cuánto se debe a OSEF?
¿Cuánto a la Caja?
¿Cuánto a proveedores?
¿Cuánto a contratistas?
¿Cuánto a cooperativas?
¿Cuánto está devengado pero todavía no fue pagado?
¿Cuántos convenios de deuda están vigentes?
¿Y cuánto deberá afrontar la próxima administración?
No se trata de defender a Provincia.
Tampoco de defender al Municipio.
Porque cuando se administra plata de los vecinos, la transparencia no puede quedar solamente en un discurso.
PÉREZ RECLAMA QUE PROVINCIA PAGUE.
AHORA LA PREGUNTA ES: ¿CUÁNTO DEBE EL MUNICIPIO?
Porque las deudas no desaparecen.
Se refinancian, se pagan y finalmente salen del bolsillo de alguien.
Y ese alguien, muchas veces, termina siendo el vecino.
