La crisis del PAMI suma un nuevo capítulo y la preocupación crece entre los prestadores de salud. Clínicas, sanatorios e instituciones médicas advierten que las cuentas ya no cierran y que la falta de actualización de los aranceles amenaza con profundizar las dificultades para sostener la atención de los jubilados y pensionados en todo el país.
El reclamo es contundente. La Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS) denunció que, durante 2026, los incrementos arancelarios del organismo llegaron, en el mejor de los casos, al 9%, mientras que en numerosas prestaciones directamente no hubo aumentos. En paralelo, la inflación acumulada hasta agosto alcanzó el 21,3%, de acuerdo con los datos difundidos por la entidad.
La diferencia golpea de lleno a las instituciones, que deben afrontar aumentos en salarios, honorarios profesionales, medicamentos, insumos médicos y gastos generales, sin recibir ingresos que acompañen la evolución de esos costos.
Pero el problema no es nuevo: el atraso viene acumulándose desde hace años.
Según la CAPS, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 los aranceles del PAMI aumentaron un 110,55%, frente a una inflación del 241%. Una brecha que, según los prestadores, deteriora la capacidad económica de las instituciones y reduce cada vez más el margen para sostener sus servicios.
Desde la Asociación de Clínicas y Sanatorios (ACLISE), integrante de la estructura confederada del sector, respaldaron los datos difundidos y el reclamo por una actualización de los valores que paga el organismo.
SALARIOS, COSTOS Y UNA NEGOCIACIÓN SIN DEFINICIONES
La discusión también impacta en los trabajadores de la sanidad. La CAPS mantiene abierta una negociación paritaria con la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), pero sostiene que cualquier recomposición salarial necesita estar acompañada por una actualización de los aranceles.
La entidad advierte que los salarios representan más del 70% del costo de las prestaciones y que las instituciones no pueden absorber indefinidamente aumentos salariales mientras sus ingresos quedan rezagados.
Hasta el momento, según el comunicado, no recibieron una confirmación del PAMI sobre la magnitud de los aumentos arancelarios ni sobre cuándo podrían aplicarse.
LOS JUBILADOS, EN EL MEDIO DE LA INCERTIDUMBRE
La advertencia más preocupante es que, sin una respuesta concreta, podría quedar comprometida la continuidad de las prestaciones y la propia supervivencia de numerosas instituciones, especialmente las más pequeñas y las del interior del país.
No se anunció un corte generalizado de servicios, pero el escenario expone un riesgo que no puede minimizarse: cuando las instituciones de salud pierden capacidad para afrontar sus costos, quienes dependen de ellas quedan expuestos a una mayor incertidumbre en el acceso a la atención médica.
Los jubilados necesitan consultas, estudios, medicamentos y tratamientos. No pueden quedar atrapados en una disputa de números entre el organismo que financia las prestaciones y quienes deben brindarlas.
El reclamo de los prestadores es claro: sin una actualización de los aranceles, sostener el sistema resulta cada vez más difícil. Ahora, la atención está puesta en la respuesta del PAMI y en las medidas que puedan adoptarse para evitar que la crisis financiera de las instituciones termine agravando las dificultades de acceso a la salud de sus afiliados.
