La situación financiera e institucional de Tolhuin volvió a quedar en el centro de la escena luego de que el presidente del Concejo Deliberante, Matías Rodríguez, presentara una denuncia penal contra el intendente Daniel Harrington.
El planteo surgió a partir de la falta de pago de aportes y contribuciones vinculados a los trabajadores del Concejo, en un conflicto que involucra a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego.
Según la denuncia difundida, existirían obligaciones pendientes con los organismos de seguridad social y el titular del Concejo atribuyó la situación a la falta de transferencia de fondos por parte del Ejecutivo municipal. La presentación judicial plantea posibles responsabilidades penales que deberán ser analizadas por la Justicia.
El intendente Daniel Harrington rechazó que se le atribuya al Municipio la responsabilidad directa por los aportes impagos de los empleados del Concejo.
En una carta abierta, sostuvo que una cosa es discutir cuánto dinero debe transferir el Ejecutivo al cuerpo legislativo y otra diferente es determinar quién tiene la obligación de ingresar los aportes y contribuciones correspondientes a sus trabajadores.
Harrington aseguró además que el Municipio ya giró más de $2.000 millones al Concejo durante el período que menciona en su presentación y cuestionó que se intente responsabilizar al Ejecutivo por obligaciones que, según su interpretación, corresponden al cuerpo deliberativo.
El problema no es nuevo. OSEF ya había reclamado durante este año importantes montos correspondientes a aportes y contribuciones que distintos organismos y municipios mantenían pendientes.
En el caso del Concejo Deliberante de Tolhuin, un relevamiento publicado en febrero había consignado una deuda de más de $205 millones correspondiente al período marzo-diciembre de 2025. Para el Municipio de Tolhuin, en tanto, se había informado una deuda de más de $202 millones correspondiente al mismo período.
Ahora, de acuerdo con la denuncia conocida en septiembre, la deuda con OSEF atribuida al Concejo alcanzaría los $344.896.020,82, correspondiente al período febrero-julio de 2026.
Mientras el conflicto político escala, las partes también vienen manteniendo reuniones para intentar encontrar una solución institucional.
El Municipio informó que participó junto al Concejo Deliberante de una mesa de trabajo convocada por OSEF para analizar las obligaciones pendientes y avanzar en un mecanismo de regularización.
Desde el Ejecutivo municipal señalaron que existe una propuesta para incorporar las obligaciones del Concejo dentro de un convenio de pago, con el Municipio asumiendo el plan de regularización. También se planteó la posibilidad de transferir un inmueble municipal y avanzar en la construcción de una futura dependencia y farmacia de OSEF en Tolhuin.
Sin embargo, mientras se busca una salida administrativa, el conflicto ya llegó a los tribunales.
El enfrentamiento deja dos posiciones claramente enfrentadas.
Por un lado, Rodríguez sostiene que la falta de transferencia de fondos desde el Ejecutivo habría provocado dificultades para que el Concejo pudiera afrontar sus obligaciones con los organismos de seguridad social.
Por otro, Harrington sostiene que el Concejo tiene responsabilidad propia sobre los aportes de sus empleados y que la discusión presupuestaria no modifica esa obligación.
La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia, que tendrá que determinar si existieron irregularidades, cuál fue el destino de los recursos y qué responsabilidades corresponden a cada una de las partes.
Mientras tanto, en Tolhuin el conflicto político entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante vuelve a quedar expuesto públicamente, esta vez con trabajadores y organismos de seguridad social en el medio.
