El Gobierno argentino anunció este lunes una nueva ofensiva jurídica y diplomática contra el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en el área de las Islas Malvinas.
A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente informó que Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
Según la posición expresada por el Gobierno argentino, el objetivo es impedir la explotación de recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte y evitar nuevas medidas relacionadas con el otorgamiento de permisos de explotación de recursos naturales en la Plataforma Continental Argentina.
La Casa Rosada también informó que Argentina intimó al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el comienzo o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto.
El Gobierno advirtió que, si Londres no responde favorablemente, Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con el argumento de preservar los derechos que reclama sobre su plataforma continental.
La estrategia oficial se apoya, entre otros antecedentes, en las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido y con la necesidad de evitar modificaciones unilaterales mientras continúe pendiente una solución de la controversia.
El proyecto Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte y está vinculado a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Para Argentina, las actividades hidrocarburíferas en el área se desarrollan sobre recursos de una plataforma continental cuya soberanía el país reclama. El Reino Unido, por su parte, sostiene su posición sobre las islas y respalda el desarrollo de los recursos naturales del archipiélago.
El conflicto adquirió además una dimensión judicial en Tierra del Fuego. El Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la jueza Mariel Borruto, había ordenado previamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto Sea Lion, en el marco de una medida cautelar por posibles afectaciones ambientales y soberanas.
El comunicado oficial también incluyó una denuncia vinculada con operaciones aéreas entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile.
El Gobierno informó que detectó operaciones atribuidas a Thales UK Limited, realizadas con una aeronave de matrícula británica, y sostuvo que no contaban con autorización de las autoridades argentinas.
Por ese motivo, Milei instruyó el inicio de procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas.
Con el arbitraje anunciado, la discusión por Sea Lion ingresa en una nueva instancia internacional. Argentina busca llevar el reclamo más allá de las sanciones y acciones judiciales contra empresas para involucrar directamente al Reino Unido mediante un mecanismo contemplado por la CONVEMAR.
Ahora comienza a correr el plazo de dos semanas fijado por el Gobierno argentino. El próximo paso dependerá de la respuesta de Londres y de las acciones que eventualmente adopte Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
