El pronunciamiento, titulado “En defensa del ejercicio profesional y el acceso a la Justicia”, surge luego de las declaraciones cruzadas entre representantes de la abogacía y los sindicatos que nuclean a trabajadores judiciales.
Los abogados sostuvieron que los cuestionamientos contra el presidente del Colegio buscan “desviar el foco del debate” y expresaron su respaldo al rumbo de la conducción institucional.
En el documento remarcan que cuestionar a quien representa a los abogados de Río Grande “busca esconder una realidad innegable: el servicio de justicia en la provincia atraviesa una parálisis grave e insostenible”.
El conflicto se originó por las reiteradas medidas de fuerza de los trabajadores judiciales, que los gremios justifican en reclamos salariales. Por su parte, sectores de la abogacía vienen advirtiendo sobre las consecuencias que las jornadas reducidas y los paros generan sobre los procesos judiciales y los abogados que representan a los ciudadanos.
Los gremios UEJN y SEJUP habían cuestionado públicamente a Uribe luego de que se plantearan herramientas como descuentos por días de paro o quita del presentismo.
Ahora, el Colegio de Abogados responde que defender el funcionamiento de los tribunales no significa atacar los reclamos salariales.
“Exigir que los tribunales se mantengan abiertos y operativos no es un ataque a los trabajadores; es una obligación legal y ética en defensa de la comunidad a la que nos debemos.”
Otro de los puntos centrales del comunicado es la discusión sobre los honorarios profesionales.
Los abogados sostienen que el ejercicio liberal de la profesión no puede compararse directamente con un empleo estatal y remarcan que los profesionales independientes no cuentan con estabilidad laboral, aguinaldo ni licencias pagas, dependiendo sus ingresos del funcionamiento del sistema judicial.
El documento afirma que el honorario profesional “no es un privilegio”, sino la retribución de quienes ejercen la abogacía de manera independiente.
El Colegio Público de Abogados volvió a reclamar que el conflicto sea llevado al ámbito correspondiente y convocó al Superior Tribunal de Justicia y a las entidades gremiales a resolver sus diferencias mediante mecanismos paritarios.
El objetivo planteado es garantizar la continuidad efectiva de un servicio que consideran esencial para toda la sociedad fueguina.
La disputa entre abogados y trabajadores judiciales suma así un nuevo capítulo. Mientras los gremios sostienen que ejercen legítimamente su derecho de huelga y aseguran que se mantienen guardias mínimas para atender situaciones urgentes, desde la abogacía advierten sobre las demoras y el impacto que las medidas tienen sobre quienes esperan respuestas judiciales.
El conflicto salarial continúa, pero ahora la discusión también quedó instalada en torno a una pregunta que afecta directamente a los vecinos: ¿cómo garantizar el derecho de los trabajadores a reclamar sin que se vea afectado el acceso de los ciudadanos a la Justicia?
FM PUNTO SUR 99.5 | RÍO GRANDE
