La disputa por el financiamiento de las universidades públicas volvió a quedar en el centro de la escena y ahora tiene un nuevo capítulo judicial.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, intimó al Estado Nacional a dar cumplimiento efectivo, en un plazo de cinco días, a la medida cautelar que ordena aplicar aspectos de la Ley de Financiamiento Universitario.
La resolución establece además un fuerte apercibimiento: si el Gobierno no cumple, podrían aplicarse astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.
La medida judicial alcanza especialmente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, relacionados con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente y con la actualización de programas y becas destinados a estudiantes universitarios.
El conflicto viene desde hace meses y atravesó distintas instancias judiciales. La cautelar había sido dictada anteriormente y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
Ahora, ante el planteo de las universidades, el juez consideró que no existe un cumplimiento total de la medida cautelar y volvió a exigir al Gobierno que avance con su ejecución.
El dato que vuelve todavía más fuerte la resolución es el plazo: cinco días.
Durante ese período, el Ejecutivo deberá acreditar el cumplimiento de lo dispuesto judicialmente. De persistir el incumplimiento, la Justicia dejó abierta la posibilidad de imponer multas diarias.
Mientras tanto, las universidades nacionales continúan reclamando mayores recursos para salarios, funcionamiento y becas, en un conflicto que también tiene su correlato en el debate por el Presupuesto 2027.
La intimación judicial vuelve a colocar frente a frente al Gobierno nacional y al sistema universitario público.
Con la resolución de Cormick, el conflicto deja de ser solamente una discusión política y presupuestaria: ahora el Ejecutivo tiene un plazo judicial concreto para avanzar con el cumplimiento de la medida cautelar.
Cinco días. Ese es el nuevo plazo que puso la Justicia sobre la mesa.
