Para millones de paraguayos, Ueno Bank representaba el futuro de la banca.
Los clientes podían abrir cuentas, transferir dinero y pagar facturas desde sus teléfonos celulares sin necesidad de acudir a una sucursal tradicional. La entidad financiera digital creció a un ritmo extraordinario, hasta acumular cerca de tres millones de cuentas de clientes en un país de aproximadamente seis millones de habitantes y captar cientos de millones de dólares de instituciones públicas, incluido el sistema nacional de pensiones y salud.
Pero mientras Ueno se expandía, los reguladores bancarios descubrían graves problemas detrás de su acelerado crecimiento.
Los supervisores habían cuestionado cuantiosos préstamos a empresas vinculadas con los propietarios del banco y operaciones que parecían destinadas a ocultar el alcance de esas relaciones financieras. Para agosto, según reportes de la prensa paraguaya que describían un informe confidencial de supervisión, los inspectores del Banco Central habían concluido que Ueno financió una operación destinada a subsanar una de sus infracciones regulatorias.
A pesar de ello, el banco continuó funcionando, captando depósitos y manteniendo importantes cantidades de dinero público. Todavía en octubre, la máxima autoridad de supervisión bancaria de Paraguay aseguró a los legisladores que Ueno había corregido sus infracciones relacionadas con los préstamos y que una controvertida operación de venta de créditos cumplía con la ley, aunque reconoció que seguía abierta una investigación sobre esa transacción.
Menos de un mes después, los reguladores intervinieron el banco.
La intervención impidió que los clientes pudieran acceder libremente a sus cuentas, provocó protestas callejeras y obligó a las autoridades a comenzar a reembolsar a los depositantes mediante el sistema paraguayo de garantía de depósitos. Para el 7 de noviembre, aproximadamente 1.2 millones de depositantes habían recibido, según los reportes, pagos hasta el límite garantizado, mientras que quienes mantenían saldos superiores seguían enfrentando incertidumbre.
Las repercusiones no tardaron en llegar al Palacio de Gobierno.
El presidente Santiago Peña, quien había invertido en una empresa perteneciente al grupo empresarial detrás de Ueno, fue destituido y quedó bajo investigación penal. Peña también había nombrado al expresidente de la financiera que posteriormente se convirtió en Ueno Bank para dirigir el Banco Central, la institución encargada de supervisar el sistema financiero del país.
Lo que comenzó como una crisis bancaria terminó convirtiéndose en un profundo cuestionamiento nacional sobre la influencia política, la supervisión financiera y la seguridad de los recursos públicos en un país cuyos dirigentes llevaban años promoviendo su estabilidad económica.
El ascenso de Ueno lo convirtió en una de las instituciones financieras más destacadas de Paraguay, particularmente entre los clientes atraídos por la comodidad de los servicios bancarios digitales.
Su influencia se extendía mucho más allá de los depositantes particulares. Para septiembre de 2026, las instituciones públicas mantenían aproximadamente $809 millones depositados o invertidos en Ueno, según cifras del Ministerio de Hacienda citadas por los fiscales. El Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de administrar los programas de pensiones y atención médica, ha señalado que tenía alrededor de $355 millones en el banco.
Esos fondos quedaron expuestos a la quiebra de Ueno, aunque todavía no se ha determinado cuánto dinero podría perderse definitivamente.
Peña, exministro de Hacienda que asumió la presidencia en agosto de 2023, poseía una participación minoritaria en Ueno Holding, una empresa perteneciente al mismo grupo empresarial del banco. Se desprendió de esas acciones en marzo de 2025, pero los fiscales también han señalado dos préstamos por un total aproximado de $500,000 que recibió de Ueno en 2024 para financiar una residencia en las afueras de Asunción.
Los préstamos no constituyen, por sí solos, prueba de irregularidades, y sus condiciones no han sido verificadas de manera independiente. Peña ha negado haber cometido actos indebidos y sostiene que su inversión en la sociedad matriz no significaba que participara en las operaciones del banco.
Otra relación planteó interrogantes sobre la independencia de la supervisión bancaria del país.
Poco después de asumir el poder, Peña nombró a Carlos Carvallo Spalding, quien hasta unas semanas antes había presidido Financiera Ueno, para dirigir el Banco Central de Paraguay. Financiera Ueno se transformó posteriormente en Ueno Bank, con lo que uno de sus antiguos directivos quedó al frente de la institución encargada de regularlo.
"Hay un conflicto de intereses en dos frentes", afirmó Daniel Gutiérrez, director de servicios financieros nacionales e internacionales de Foodman CPAs & Advisors, una firma con sede en Miami, al referirse a los vínculos financieros de Peña y al nombramiento de Carvallo.
Gutiérrez, cuya evaluación se basó en información publicada, señaló que esas relaciones superpuestas planteaban serias dudas sobre la independencia de la supervisión financiera.
El Banco Central había sostenido anteriormente que Carvallo se había apartado de los asuntos relacionados con Ueno. Sin embargo, los fiscales han cuestionado si realmente se abstuvo de participar en las decisiones que afectaban a la institución.
En el centro de los problemas regulatorios de Ueno se encontraban aproximadamente $146 millones en préstamos a empresas que los supervisores consideraban vinculadas con los propietarios del banco.
La normativa bancaria paraguaya limita cuánto pueden prestar las instituciones financieras a empresas relacionadas con sus accionistas. Estas restricciones buscan impedir que los propietarios utilicen el dinero de los depositantes para financiar sus propios negocios y concentren un riesgo financiero excesivo entre compañías vinculadas.
Según los hallazgos de supervisión descritos por los fiscales y la prensa paraguaya, Ueno excedió esos límites antes de vender decenas de millones de dólares en préstamos a otra empresa.
Pero los inspectores sospechaban que el propio Ueno había financiado la operación.
De ser así, la maniobra habría permitido retirar de los libros del banco los préstamos problemáticos sin eliminar el riesgo financiero subyacente.
La correspondencia del Banco Central muestra que los supervisores notificaron formalmente a Ueno sobre los problemas relacionados con los préstamos en junio. En julio y agosto se adoptaron nuevas medidas regulatorias, pero la institución permaneció abierta.
En una carta del 7 de octubre dirigida al Senado paraguayo y firmada por Carvallo, el Banco Central afirmó que Ueno había corregido su infracción en materia de préstamos y que la controvertida venta de créditos era legalmente válida.
La carta reconocía que seguía abierta una investigación para determinar si el banco había financiado indirectamente la operación e identificaba el informe de supervisión de agosto. Sin embargo, no revelaba las conclusiones a las que, según los reportes, habían llegado los inspectores.
Posteriormente, los fiscales acusaron a Carvallo de no haber respondido adecuadamente a las advertencias y de haber proporcionado información engañosa a los legisladores sobre la situación financiera de Ueno. Esas acusaciones no han sido demostradas ante los tribunales.
Las revelaciones también plantearon otra pregunta: ¿Por qué las instituciones públicas habían seguido depositando importantes cantidades de dinero en Ueno mientras los reguladores investigaban sus prácticas?
El lunes 2 de noviembre, el Banco Central de Paraguay votó a favor de intervenir Ueno después de determinar que su situación financiera se había deteriorado por debajo de los requisitos regulatorios.
La decisión fue anunciada durante las primeras horas del día siguiente, dejando a los clientes sin acceso a sus cuentas.
Para quienes habían llegado a depender de la plataforma digital del banco para recibir pagos, cancelar facturas y administrar sus ahorros, la interrupción generó incertidumbre.
Las consecuencias también alcanzaron a los pensionados. Según reportes de la prensa paraguaya que citaban al Instituto de Previsión Social, unos 32,000 jubilados recibían sus pensiones a través de Ueno, lo que obligó al organismo a organizar los pagos mediante otros bancos.
En Asunción, manifestantes exigieron acceso a sus ahorros congelados y reclamaron la salida de Peña del poder.
Las autoridades activaron el sistema nacional de garantía de depósitos y comenzaron a reembolsar a los clientes elegibles. Para el 7 de noviembre, 1.2 millones de depositantes habían recibido alrededor de $160 millones, según cifras atribuidas al Banco Central.
Los pagos cubrían los saldos hasta el límite garantizado, mientras que los depósitos superiores a ese monto permanecían sin resolver.
La incertidumbre sobre el dinero público hizo que la crisis fuera particularmente delicada. Los $355 millones que mantenía el Instituto de Previsión Social en Ueno pertenecían a una institución responsable de pensiones y servicios de salud, aunque no se ha establecido que se haya perdido la totalidad de esos fondos ni existen pruebas de que los pagos de pensiones se hayan interrumpido de manera permanente.
Pero para Peña, las consecuencias políticas fueron devastadoras.
Su gobierno había promovido a Paraguay como un destino cada vez más atractivo para la inversión extranjera, destacando la estabilidad fiscal y la modernización económica. En 2024, el país recibió por primera vez una calificación crediticia de grado de inversión de Moody's, un hito que reforzó ese mensaje.
El escándalo de Ueno amenazó esa reputación y planteó interrogantes sobre la administración de los fondos públicos y la independencia de los reguladores financieros.
Mientras los legisladores de oposición exigían responsabilidades, el apoyo a Peña comenzó a resquebrajarse incluso dentro de su propio Partido Colorado.
El jueves 5 de noviembre, Peña ofreció su renuncia mediante un video en el que pidió disculpas a los paraguayos, aunque sostuvo que nunca había tenido la intención de traicionar su confianza.
"Quiero pedir disculpas a la gente si en algún momento he fallado", dijo Peña. "Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".
Sin embargo, el Congreso no aceptó su renuncia.
Según Americas Society/Council of the Americas, legisladores del partido de Peña abandonaron una sesión del Congreso, impidiendo que hubiera quórum para considerar su salida. El expresidente Horacio Cartes, una figura influyente dentro del Partido Colorado, alentó públicamente un juicio político.
La Cámara de Diputados votó 78 a 0 a favor de someter a Peña a juicio político el jueves 5 de noviembre. Al día siguiente, el Senado votó 44 a 0 para destituirlo por mal desempeño de sus funciones.
Posteriormente, los fiscales presentaron cargos contra Peña por lesión de confianza y otros delitos, acusándolo de haber promovido la colocación de fondos públicos en Ueno. Carvallo enfrentó cargos que incluían lesión de confianza y falsificación de documentos públicos.
Peña quedó inicialmente bajo arresto domiciliario tras su destitución. El 7 de noviembre, un juez ordenó su detención preventiva en una instalación militar, según reportes de prensa.
Su abogado argumentó que la detención era injustificada y calificó las acusaciones de vagas. Ninguna de las imputaciones penales ha sido demostrada ante los tribunales.
El vicepresidente Pedro Alliana asumió la presidencia y heredó una crisis bancaria y un gobierno que enfrentaba una profunda pérdida de confianza pública.
Para Paraguay, el desafío inmediato consiste en restablecer el acceso a los ahorros y los pagos de los clientes que confiaron su dinero a Ueno.
La banca digital había ofrecido una alternativa práctica a las sucursales tradicionales, permitiendo a las personas administrar sus finanzas desde sus teléfonos. Pero la crisis puso de manifiesto la rapidez con la que esa comodidad podía convertirse en una vulnerabilidad cuando los clientes perdían repentinamente el acceso a sus cuentas.
La incertidumbre también afecta a las instituciones públicas cuyos depósitos e inversiones respaldan pensiones, atención médica y otros servicios esenciales.
Aunque aproximadamente $809 millones en fondos públicos quedaron expuestos a la quiebra de Ueno, todavía no se ha determinado qué cantidad corre el riesgo de perderse definitivamente.
Más allá del daño financiero inmediato, el escándalo ha amenazado la reputación de estabilidad de Paraguay, despertando preocupación entre los inversionistas y aumentando la presión sobre el nuevo gobierno para demostrar que los organismos reguladores pueden actuar con independencia de las influencias políticas.
Para Alliana, el desafío va mucho más allá de reembolsar a los depositantes. Su gobierno deberá responder por qué las advertencias regulatorias no provocaron una intervención más contundente, cómo llegó a concentrarse tanto dinero público en Ueno y si las relaciones políticas influyeron en decisiones que debieron estar guiadas por criterios de supervisión financiera.
Los fiscales sostienen que Peña promovió la colocación de fondos públicos en el banco. Sin embargo, las pruebas divulgadas hasta ahora no establecen que haya ordenado a los reguladores ocultar los problemas de Ueno ni que haya instruido personalmente a las instituciones públicas para que depositaran allí sus recursos.
La quiebra del banco ya ha demostrado cómo una crisis financiera puede transformarse en una crisis de gobierno, con consecuencias que van mucho más allá de los ejecutivos y políticos involucrados.
Para los paraguayos comunes, sin embargo, la pregunta más urgente es mucho más sencilla: cuando confían sus ahorros a un banco, ¿quién tiene la responsabilidad de garantizar que su dinero esté seguro?
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